Wikileaks reveló plan para obligar a cirujanas y médicas a negociar y pagar un canon a los laboratorios y empresas por las patentes que protegen sus productos.
Nuestros peores pronósticos empiezan a hacerse realidad. El Tratado de la Cuenca del Pacífico amenaza la salud pública con la ley de patentes y procedimientos médicas.
Los nuevos papers de Wikileaks descubren que el TPP obligará a las cirujanas y médicas a negociar y pagar un canon a los laboratorios y empresas de productos aplicados a la medicina, por las patentes que protegen sus productos.
Ya habíamos advertido en una anterior nota sobre este tema; que se podía establecer una propuesta para establecer una protección de patente, respecto de los procedimientos médicos. Esto significa que toda profesional médica deberá incluir entre los trámites y preparativos para la atención médica un canon para las empresas proveedoras de los insumos médicos, en todo tratamiento que exceda el simple uso de sus propias manos.
Todos los métodos quirúrgicos serían patentables en virtud de la propuesta de EE.UU, y esto privatizaría la salud excluyendo a millones de personas de las prácticas más complejas.
Este tratado tiene un amplio espectro cuando hablamos de los alcances de las patentes en la medicina; carece de las protecciones sociales apropiadas, y no se preocupa por la igualdad, el desarrollo de los pueblos y los derechos humanos que asisten a la población mundial.
Las profesionales de la medicina ya no sólo deberían preocuparse por las demandas de mala praxis -ya sean por malas conductas profesionales o accidentes por complicaciones en el tratamiento-, sino que ahora se sumarían las demandas de las empresas poseedoras de las patentes. Esto pondría a las profesionales de la salud en el mismo lugar que las agricultores con respecto a Monsanto. Establecería grandes limitaciones al acceso a los tratamientos médicos para las pacientes, y elevaría altísimos costos al acceso a la salud.
Hoy los procedimientos médicos están protegidos en los sentidos sociales más amplios,en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC de 1994 en la OMC. Según estos acuerdos los gobiernos están autorizados a negar el establecimiento de prácticas que prioricen las patentes que cubren los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos por sobre los derechos al tratamiento de las personas o inclusive a los animales. Se establece un reconocimiento ineludible -de lo que ya muchas veces hemos planteado desde este diario- “que las patentes sobre los métodos de tratamiento médico son una limitación injustificable sobre la libertad de las médicas para tratar a sus pacientes a la medida de sus capacidades y son un riesgo para la salud humana”. Si existe una patente sobre un método quirúrgico, la médica tiene la opción (suponiendo que sean conscientes de que existe una patente sobre el método quirúrgico): respetar la patente y poner en riesgo la salud -y la vida- de su paciente, o violar la patente y salvar a su paciente, arriesgándose a ser demandada por haber pasado por alto la autorización de la poseedora de la patente. Si una médica eligiera la primer opción y priorizara la patente a la emergencia de la paciente, básicamente estaría incumpliendo su juramento hipocrático. Está no puede ser una decisión del profesional de la salud; esto debe ser obligado por las leyes a priorizar la vida.
Para alivio de las personas; podemos informar que la Asociación Médica Mundial (AMM) se ha pronunciado enérgicamente contra el patentamiento de métodos quirúrgicos.
En su declaración reciente sobre las patentes de tratamientos medicinales, la AMM afirma “que las patentes de procedimientos médicas plantea graves riesgos para la efectiva práctica de la medicina, y no es ético y contraria a los valores de la profesión médica”. Los EE.UU. han sido la punta de lanza y el más fuerte lobbista para lograr fuertes limitaciones a las exenciones de la salud pública en las cuestiones que se plantean sobre las disposiciones de propiedad intelectual del TPP.
Esto es a pesar de que en el propio país del norte la justicia se esta pronunciando en contra de estas limitaciones. Hace 6 años atrás, el juez Breyer de la Corte Suprema de los Estados Unidos subrayó: “Esas restricciones pueden inhibir las médicas por el uso de su mejor criterio médico, ya que pueden obligar a las médicas a pasar el tiempo y la energía necesaria para entrar en acuerdos de licencia, ya que pueden desviar recursos de la tarea médica de atención de la salud a la tarea legal de la búsqueda archivos de patentes de correlaciones simples similares, que pueden aumentar el costo de la atención médica, mientras que la inhibición de su entrega efectiva. El Juez Breyer señaló que la orientación sobre los límites de la materia patentable ‘permitiría los de la profesión médica a comprender mejor la naturaleza de sus obligaciones legales ‘y’ ayudaría Congreso determinará si es necesaria la legislación”.
Es necesario puntualizar que después de este pronunciamiento varias juezas se pronunciaron en consonancia en demandas posteriores, pero esto no garantiza que las juezas de los países integrantes del acuerdo actúen de la misma forma o esta no se extienda a los otros países, como en este momento está sucediendo con las legislaciones sobre transgénicos (OMG). Un ejemplo es la Ley de semillas acomodada a la medida de Monsanto.
Los países que conforman el TPP -Brunei Darussalam, Chile, Japón , Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam- han excluido expresamente todos los procedimientos quirúrgicos de la patentabilidad y países como Canadá y Nueva Zelanda tienen una jurisprudencia que rechaza los procedimientos quirúrgicos de la patentabilidad. Nueva Zelanda, Canadá, Singapur, Chile y Malasia se han pronunciado por la exclusión de los procedimientos quirúrgicos como estadio de patentabilidad.
Existe un precedente de 1992 donde un médico fue demandado por un colega que había patentado un método quirúrgico que este utilizó en un tratamiento. Por lo que declaró a The New York Times : “Para una cirujana reclamar un método libremente intercambiados como su propia propiedad es incorrecto”.
Entendámonos; las médicas se forman durante toda su vida desde la Universidad, compartiendo sus conocimiento en papers y congresos, toman procedimientos anteriores y los mejoran, para lograr mejores resultados y minimizar los riesgos a las pacientes. Si esta práctica se ve afectada por la inserción de patentes este desarrollo será detenido, poniendo en peligro la vida de millones de personas y retrasará el desarrollo de la medicina en años.
El mismo Presidente de la Asociación Médica de Estados Unidos, Robert McAfee, declaró ” La historia, la excelencia, y la tradición de la medicina ha sido que cada vez un nuevo procedimiento se produce y se ha demostrado eficaz, es imprescindible compartir ese conocimiento con el mundo en el primer momento”.
Si a la medicina se le saca esta práctica de compartir el conocimiento, muchas médicas quedarán excluidas del conocimiento para tratar enfermedades y deberán limitarse o a practicar sólo los tratamientos públicos enseñados en la universidad o hacer sus propias experimentaciones poniendo una y otra vez la vida de los pacientes en peligro.
El TPP ni siquiera reconoce las protecciones limitadas a los procedimientos quirúrgicos. Public Citizen, comentó: “Si bien la ley de EE.UU. inmuniza ciertos proveedores de atención de la responsabilidad de violación, la propuesta de EE.UU. TPP no incluye estas medidas de seguridad, con riesgo de consecuencias aún más graves para los países que negocian”.
Si pensamos en la salud global las patentes profundizan la brecha al acceso de los tratamientos médicos resultando en un acceso desigual entre los países desarrollados y en desarrollo, al conocimiento de las médicas a las tecnologías más recientes y clínicamente adecuadas para el tratamiento de sus pacientes.
Si consideramos que los países desarrollados tienden a poseer los recursos y fondos para investigar y desarrollar nuevos tratamientos médicos y técnicas quirúrgicas, ya sea de manera formal o sobre una base ad hoc. Por lo que las legislaciones de estos países han observado y se han pronunciado sobre el uso de las patentes en el campo de la medicina limitándolas y excluyéndolas. Pero de aprobarse este tratado como lo desea EEUU; inclusive “en un país con un fuerte sistema de salud pública, como Australia, un paciente sin esos recursos, o en una situación de emergencia, se les negará el acceso al método quirúrgico patentado, en detrimento de su salud”.
El proyecto de texto del TPP que han filtrado las hack/hackers de Wikileaks, demuestra el interés en eliminar todas las exclusiones de salud pública, en perjuicio de los países más atrasados. Imaginen por un momento una cirujana de la ONG Médicos Sin Fronteras en Africa subsahariana, que se enfrenta a la necesidad de diagnosticar y tratar una dolencia, para la que hay un procedimiento patentado totalmente seguro y el tratamiento tradicional. El primero tiene una seguridad del 98% y el tradicional sólo del 40%; si la cirujana decide por el primero, se arriesga a pasar mucho tiempo peleando con las proveedoras de los insumos patentados, los laboratorios y la colega que patentó el método; si elige la segunda sería la responsable de condenar a su paciente, en un 58%.
Se debería impulsar las prácticas de países como la India y Brasil que han despojado drásticamente protecciones de la propiedad intelectual con el objetivo de aumentar el acceso a medicamentos esenciales; contradiciendo los intereses de la industria farmacéutica.
El TPP está posicionándose en el extremo opuesto: priorizando los intereses mercantiles de las corporaciones médicas y farmacéuticas, poniendo en riesgo la salud pública en la mayoría de los países integrantes del TPP, entre ellos Chile, México, Brunei Darussalam, Vietnam, Malasia, Perú y por extensión al resto del mundo si sus organizaciones léase UNASUR, ALBA o UE no se pronuncian con fuertes e inequívocas leyes de protección de la salud pública y la abolición de las patentes alrededor de la salud, liberando la totalidad de las prácticas médicas y las medicinas de exclusiones y limitaciones de patentes.
El avance del TPP debe alarmar a todas las profesionales de la salud; desde las médicas de emergencia, las clínicos, farmacéuticas, cirujanas, especialistas, enfermeras, hospitales y estudiantes de medicina, odontología e inclusive a las profesionales y estudiantes de la salud animal ya que si las estas propuestas entren en vigor, el riesgo de ser demandada por el uso de los tratamientos médicos en el mejor interés de la salud de sus pacientes, por las poseedoras de las patentes se convertirá en su espada de Damocles.
Esta nota muestra ciertamente una situación que empeora y es alarmante. Pero no hay que ir tan lejos, hoy mismo el negocio de la salud tiene que ver poco con la salud, a partir de otras situaciones, además de las expuestas en la nota. Muchas de las investigaciones que se hacen en los centros especializados de nuestro país no guardan relación con la agenda local sino con los intereses de quienes financian directa o indirectamente esas investigaciones. El diseño mismo de la salud prepaga y privada, es subsidiada por el Estado. La industria montada detrás de la cura de la enfermedad es impuesta como política frente a la preservación de la salud. Téngase en cuenta que, por ejemplo en Mendoza, diría que más del 80% del presupuesto del ministerio de Salud, va a parar a salarios. Supongamos que el 20% restante se destina a la implementación de los servicios de salud. De ese 20%, digamos que un 80% se gasta en medicina de alta complejidad (que requiere tecnología específica y es cara), mientras que el 20% queda para lo demás. ¿Cuánta población abarca ese servicio de alta complejidad? No más del 5%. O sea, el 95% de la población mendocina, se las tiene que arreglar con el 20%, del 20% del presupuesto, que no implica pago de salarios (no se discute ni se pone en duda aquí lo salarial). Esa medicina de alta complejidad no suele estar en los oferentes privados, porque requiere inversión que sí se le reclama al Estado.
En fin, sería bueno que los que más saben de estos asuntos, tomen también este hilo. Creo que junto con los serios problemas y amenazas que plantea esta nota, está la cuestión de la posición del Estado y lo que la población demanda (y para lo que es educada). Digamos que la nota muestra las formas más duras y cínicas mediante las cuales el sistema nos somete a sus intereses, mientras que hay muchos otros, aparentemente más blandos y sutiles que son concomitantes con eso: una población educada en la enfermedad “rinde” mucho más que una educada en la preservación de la salud, a través de una alimentación y unas costumbres adecuadas. En fin. la Info de la nota hay que guardarla, por lo que se viene…