Lucas Malaspina

China va a elaborar un ranking de ciudadanas según su historial crediticio, que habilitará una navegación jerarquizada de Internet. Estados Unidos volteó la neutralidad de la red, lo que significa un poco lo mismo pero con la segmentación en manos privadas. Cambiemos cruza los datos de la Anses con los de Google y Facebook y sale a tocar timbres en el escarpado conurbano bonaerense con un 70% de efectividad. El descalabro generado por el descubrimiento de la operación Cambridge Analytica explica por qué los algoritmos se guardan bajo siete llaves y todas niegan utilizarlos para fines electorales. Lo privado desaparece y el capitalismo se engulle la democracia. Las guerras del futuro van a ser por los datos. Durante la última contienda electoral se confirmó que Cambiemos está operando entrecruzamiento de información electoral con datos socioeconómicos a gran escala. El equipo de campaña manejado por la jefa de gabinete de Vidal, Federico Salvai, combinó los resultados de una detallada encuesta producida por la consultora ecuatoriana Informe Confidencial (ligada a Durán Barba) junto con las estadísticas de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, por un lado, y con los resultados de las PASO, por el otro. Así geolocalizaron el voto y las preferencias de las votantes de cada barrio de la provincia. Del maridaje entre big data, micro-targeting y presupuesto público parece surgir una ingeniería de las opiniones que ni siquiera Joseph Goebbels hubiera soñado. Desde el entorno de la gobernadora Vidal negaron que se haya aplicado big data. Dicen que sólo incursionaron en el campo de la “microsegmentación”, aunque admitieron la búsqueda de “canales de contactación”, por ejemplo Facebook, donde las usuarias habrían recibido mensajes específicos según su ubicación. En cambio, las asesoras de 1País -así se llamó el massismo en las últimas elecciones- fueron más aventuradas: “La big data nos permite buscar la mayor porosidad posible. Ya no se trata de la información de un grupo, sino de una individuo”. Ricardo Rodríguez, una de las encargadas de organizar los timbreos superprofesionalizados del oficialismo, afirmó que dividieron Lanús en siete zonas que fueron rastrilladas por cuatro equipos de treinta personas. Rodríguez se jactó de su efectividad: “Siete de cada diez personas que nos atienden en el timbreo terminan apoyando la gestión”. Las coordinadoras de estas cuadrillas fueron habilitadas a un acceso parcial (es decir, limitado al territorio que cubrieron) al resultado del entrecruzamiento de datos geolocalizado para implementar mejor el mensaje electoral. En este marco, a nadie puede sorprender el giro posdemocrático de la Secretaría de Medios, que pidió a la Anses acceso a su base de datos. La publicidad de Google o Facebook (corporaciones que no pagan impuestos en el país, pero sí acceden a contratos estatales millonarios) permite trackear usuarias una vez que entran a tu negocio o cargar planillas con mails o números de teléfono para afinar la llegada de los anuncios. El límite en el uso de la información estatal solamente parece estar en los escrúpulos de las mismas funcionarias que mienten en sus declaraciones al fisco. Carnaval Posdemocrático A finales del siglo pasado, la caída del Muro de Berlín, presentada como la victoria de la democracia capitalista sobre la dictadura comunista, prometía la protección de las libertades individuales bajo el paraguas de la vida privada, contrapuesta a una esfera pública donde triunfaba siempre la fuerza de gravedad de las mayorías. Pero esas épocas terminaron. En la posdemocracia el desarrollo de Internet y la apropiación de una enorme base de datos personales por parte de un grupo cada vez más concentrado de corporaciones, abona lo que Juan Carlos Monedero describe como “el intento de desplazar la política a un lugar neutral, para así proclamar la muerte del antagonismo político” (Nueva Sociedad, 2012). Mario Riorda, consultora experta en comunicación política, denominó “gobernautas” a las ejecutoras de esta pospolítica: para estar a la altura de la época los gobernantes deben garantizarse equipos capaces de analizar datos a gran escala, incluyendo una necesaria escucha activa de las redes sociales. Los riesgos son múltiples: la hipertrofia, puesto que en nuestra actividad digital todo el tiempo estamos votando, eligiendo y calificando; y la adulteración, porque la capacidad de monitorear y analizar lo que se desea y se piensa sólo está al alcance de las grandes empresas (y del Estado). Lo importante es que se ha roto la intermediación entre la vida privada y la pública: el 99% se vuelve transparente para el 1%. Las audiencias microfragmentadas y traslúcidas son una sujeto que ya no puede ser pensada como la portadora de la “soberanía popular”. Estamos a las puertas de un mundo donde las personas pueden calificarnos y ser calificadas en cada interacción social que realicen. Y en el que las puntuaciones, a la vez, influyen sobre el estándar de vida. Es el caso del “Sesame Credit”, que por ahora funciona con adscripción voluntaria pero a partir de 2020 será obligatoria. El “Aviso del Consejo de Estado sobre la emisión del esquema de planificación para la construcción de un Sistema de Crédito Social (2014-2020)”, emitido por las peces gordas de la República Popular China el 14 de junio de 2014, podría inspirar muchos relatos distópicos. ¿De qué se trata? La obediencia gamificada El Sesame Credit se presenta como un medio para perfeccionar la “economía de mercado socialista” y fortalecer la gobernabilidad. El comportamiento de cada ciudadana y persona jurídica en China será calificado, indizado y rankeado por el Estado posmaoísta, independientemente de la voluntad de la analizada. Hasta aquí tiene similitudes con la norteamericana Peeple: se trata de una app muy polémica que permite puntuar a las personas en los planos personal, profesional y sentimental. Una de las razones que justifican el Social Score es que el gobierno no posee estudios de mercado sobre la confiabilidad crediticia de las ciudadanas. Para implementarlo, de hecho, precisa de Alibaba, una suerte de Amazon chino que ya cuenta con gran cantidad de información para valorar a las usuarias orientales. En una absurda comparación con la Argentina amarilla, podríamos decir que es como si Macri intentara medir la confianza económica de las habitantes mediante una base de datos fundada en MercadoLibre (lo cual no sería del desagrado de su dueña Marcos Galperín, quien anunció la intención de competir con las entidades bancarias y ya implementó cambios en esa dirección). En Estados Unidos y también en la Argentina, de hecho, se aplican modelos de credit scoring para determinar quién puede recibir un préstamo, a qué tasa de interés y con qué límites de crédito. El llamado Sistema de Crédito Social a construirse en China establece “una puntuación que oscila entre 350 y 950 puntos. Alibaba explicó sucintamente qué factores se tomarán en cuenta. El primero es el historial de crédito. Por ejemplo, ¿la ciudadana paga su factura de electricidad o teléfono a tiempo? Luego, está “la capacidad de la usuaria para cumplir con sus obligaciones contractuales”, según leemos en sus directrices. El tercer factor refiere a características personales como el número de teléfono celular y la dirección. Y es la cuarta categoría, el comportamiento y las preferencias, “donde se vuelve interesante”, según Rachel Bostman, autora de Who Can You Trust? How Technology Brought Us Together and Why It Might Drive Us Apart (New York, 2017). Los puntos que cada persona tenga, al igual que en Black Mirror, tendrán que ver con lo que sus amigas dicen y hacen, más allá de su propio contacto con ellas. Una versión moderna y estatizada del “dime con quién andas y te diré quién eres“. La oscuridad del mecanismo es fuente de desconfianzas. Según Bostman, Alibaba “no divulga el ‘algoritmo complejo’ que utiliza para calcular el número”. Las ciudadanas que otorgaron sus datos a la versión roja de MercadoLibre no lo hicieron con el fin de que el Estado evalúe sus gustos o preferencias sino en el libre ejercicio de su derecho a comerciar. Una vez procesada esa información, el Partido Comunista ahora se decide a fisgonear a gran escala para clasificarlas. Si Wung se compró una patineta o si Cheng recibió una mala puntuación porque la compradora de su auto la acusa de haberla defraudado, será interpretado con el fin de inhibir o promover a las personas. “Alguien que juega videojuegos durante diez horas al día, por ejemplo, sería considerada una persona inactiva”, dice Li Yingyun, directora de Tecnología de Sesame. Los números que determinan el éxito laboral o académico y hasta condicionan la vida emocional y sexual, son usufructuados por una compañía que se asegura su reproducción ayudando a que el Estado nos vea y nos juzgue todo el tiempo a través de nuestros teléfonos celulares. En este nuevo tipo de gobierno el capitalismo se contrapone a la privacidad. Como decía Mark Fisher, autora de Realismo capitalista (Londres, 2009), se viene el “estalinismo de mercado”. Los puntajes más altos del Sesame Credit ya se han convertido en un símbolo de status, con casi cien mil personas alardeando sobre sus puntajes en Weibo (el Twitter chino) a los pocos meses de su lanzamiento. Suena delirante, pero el Partido Comunista utilizará el puntaje de una ciudadana para afectar sus probabilidades de obtener una cita o matrimonio. Es que cuanto mayor sea su calificación en Sesame, más prominente es su perfil de citas en Baihe (la plataforma nacional de matchmaking, similar a Tinder o Happn). Un alto rankeo en Sesame Credit no sólo servirá para obtener mejores préstamos, sino que además permitirá hallar mejores trabajos y avanzar en los trámites burocráticos. Un bajo rankeo hará que su Internet sea más lenta y una seria limitación para sobrevivir y desarrollarse académica o profesionalmente. En las últimos semanas, el Banco Popular de China demoró las licencias a las ocho compañías que estaban implementando estas tecnologías, pero la idea de lanzar el Sistema de Crédito Social en 2020 se mantiene sin cambios. Occidente y la compañía Es necesario volver a mirar Occidente a la luz de esta enorme transformación política que impulsa Xi Jinping . Parece tranquilizador marcar algunas distancias superficiales con el modelo chino, pero son muchas las asombrosas coincidencias. Compañías como Amazon, Google, Facebook, Apple, IBM, y más atrás Netflix o Spotify van en la misma dirección. Mark Zuckerberg, ama y señora de los territorios de Facebook, Instagram y WhatsApp, sostiene que la privacidad ya no es más una norma social. Según la teórica y activista italiana Tiziana Terranova, autora de Network Culture. Politics for the Information Age, “la mayoría de las usuarias habituales de Internet están sujetas al poder de algoritmos como el PageRank de Google (que clasifica los resultados de nuestras búsquedas) o el EdgeRank de Facebook (que automáticamente decide en qué orden recibimos las novedades en nuestro muro de noticias)”. Adam Mosseri, el jefe del News Feed en Facebook, anunció a principios de 2018 un cambio en el Edge Rank que priorizará a partir de ahora el contenido de las personas y, para poder ver con frecuencia contenidos de páginas, será necesario avisarlo específicamente a la aplicación. Una de las razones es el intento de revertir la crisis de la compañía tras haber sido vehículo de la injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses. Para el CEO de Google, Eric Schmidt, “si tienes algo que no quieres que nadie sepa, quizás no deberías hacerlo en primer lugar”. Alexander Nix, de la firma de datos Cambridge Analytica, famosa por sus campañas por el Brexit y Trump, se jacta de que su compañía “perfiló la personalidad de cada adulta en los Estados Unidos”. Es comprensible entonces el grado de optimismo de las CEO y su esperanza en el Big Data. Para la economista jefe de Google, Hal Varian (autora de manuales con los que se aprende microeconomía desde hace treinta años), la resistencia a la pérdida de privacidad no será un problema porque “las ventajas en términos de conveniencia, seguridad y servicios serán gigantes”. Al igual que en The Circle, la película protagonizada por Emma Watson y Tom Hanks, observamos que mas allá del accionar gubernamental (inevitablemente patente en el caso chino), es la ideología del valle de silicio la que se vanagloria de construir una gran KGB omnipresente y universal en base al e-commerce y la Big Data. Fisher también describió la lógica que este fenómeno lleva inscripta al decir que “nos encontramos integradas en un sistema de control cuyo único mandato son nuestros deseos y preferencias que vuelven, no como los propios, sino como las preferencias y deseos del gran Otro”. “La civilización es el progreso hacia una sociedad de privacidad”, escribió en 1943 Ayn Rand, una de las escritoras de cabecera de Mauricio Macri. Sin embargo, ya en 1984 la jurista Richard Posner publicó su “teoría económica de la privacidad”: para ella, la privacidad obstaculiza el capitalismo al interrumpir el libre flujo de información y generar ineficiencia bursátil. Posner planteó que “la gente no debería, en términos económicos en ningún caso, tener derecho a ocultar hechos materiales sobre sí misma”. Históricamente el surgimiento de la estadística social tiene que ver con objetivos demográficos, sanitarios o de planificación económica. Y está a cargo exclusivamente del Estado. En la actualidad las grandes corporaciones parecen estar tomando el liderazgo en la capacidad de recopilar estadísticas sociales y de nombrar al mundo (o a los objetos del mundo) en torno a los que gira nuestra acción. Por ejemplo, Uber está proveyendo datos para planificar la obra pública de infraestructura urbana. Por otra parte, el capitalismo siempre recogió datos rentables de sus trabajadoras de manera compulsiva, pero sólo recientemente con la proliferación de tecnologías inteligentes que disuelven mutuamente la vida privada en la pública, con el desarrollo del “Internet de las cosas”, nos encontramos ante un sistema que penetra mucho más allá del trabajo, agregando una dimensión de creación de valor no remunerado a nuestras actividades personales. Algoritmos para un mundo sin secretos A fines de 2001, Google estaba considerando silenciosamente un cambio en el sistema de votación que permitiera a las usuarias impactar de manera transparente la clasificación de sus resultados de búsqueda. La cofundadora de SiteLab, Dana Todd, calificó el enfoque como un refuerzo de la “consciencia de la usuaria”, pero la función transparente nunca llegó al mercado. Según Google, la recolección masiva de datos funciona mejor de forma encubierta e indirecta. Un intercambio activo -como con un cuestionario o una encuesta de servicio a la clienta, por ejemplo- revela la labor que implica alimentar un algoritmo mágico. Ernesto Calvo, profesora en el Departamento de Gobierno y Política de la Universidad de Maryland y autora de Anatomía política de Twitter en Argentina, dice que, si intuimos la orientación de quien pregunta, estamos predispuestas a tergiversar nuestra respuesta a fin de provocar una “disonancia cognitiva”. Google se previene de nuestras artimañas proponiéndonos sistemática y subrepticiamente regalar información sobre sus movimientos a través del espacio físico (Maps), futuros anticipados (Calendar) y métricas del uso diario de Internet (Chrome). Este data entry tan continuo como invisible se volvió rápidamente estratégico en el modelo comercial de Google así como para Amazon, que comenzó a monetizar desde 2003 datos de usuarias utilizando un amplio conjunto de historiales de compras individuales para alimentar algoritmos que construyeran índices de similitud entre los diversos artículos y herramientas, y al mismo tiempo construir perfiles de las consumidoras. Fueron así pioneras de la publicidad digital, aprovechando los metadatos a través de un complejo sistema de recomendaciones. Amazon no automatizó el trabajo de una empleada minorista sino que simplemente legó el laburo de la empleada a las propias consumidoras, quienes lo realizan en el acto mismo de consumir. De este trabajo oculto e impago nos habla el marketing 2.0 -como sin querer queriendo- cuando conceptualiza a las prosumers (la consumidora productora). El progresismo ha abordado el asunto escasamente, en general desde programas más bien conservadores. Es el caso de la propuesta de Bernie Sanders que sugiere atacar la existencia de este tipo de monopolios. Una cooperativa local podría hacer una app para vencer a Uber, pero no podría construir un auto sin conductora: esto requiere una inversión masiva y una infraestructura para recolectar y analizar todos los datos. Uno puede, por supuesto, crear también cooperativas de propiedad de datos, pero es poco probable que se escale hasta competir con Google o Amazon. En otro plano, pero en el mismo sentido, se inserta el fin de la “neutralidad de la red”. Recientemente, Donald Trump pateó el tablero y decidió revertir una medida fundamental tomada por Barack Obama en 2015. La medida garantizaba que ninguna usuaria ni empresa podía pagar ni cobrar para recibir un trato prioritario, descargando datos a mayor velocidad o discriminando en contra de contenidos de la competencia. Su reversión significa un nuevo capítulo en la feroz batalla entre “telcos” (gigante de las telecomunicaciones como Verizon, Comcast y AT&T) y OTT (serviciosOver The Top, “los que ofrecen empresas que no controlan las redes mediante las que son distribuidos”, por ejemplo Facebook o Netflix). El cambio se presenta como una “victoria de la libertad” pero destruye la Internet entendida como “bien público”: las proveedoras de la red podrán bloquear o ralentizar la velocidad de conexión en función del precio que pague la cliente o la página web que esté visitando. Habrá entonces, una Internet de primera y una Internet de segunda. Mientras tanto, Amazon se suma a Google, Microsoft, Facebook e IBA, al salir a la cancha de los servicios en Inteligencia Artificial basados en la nube. Así, proveerá sistemas para reconocer objetos en imágenes, procesar comandos de voz y operar aplicaciones de chatbot. La revolución de la Inteligencia Artificial fue posible sólo porque un puñado de compañías, de hecho, disfrutaron del estatus de cuasimonopolios. Diez mil nuevas empresas, cada una de las cuales posee una pequeña porción del imperio de datos de Google, difícilmente producirían un auto sin conductora. En vez de pugnar por la atomización de la web en clave de libre competencia, quizás el campo popular debería luchar por la democratización de los datos (en especial, el blanqueo del funcionamiento de los algoritmos con que se procesa) y por la remuneración del silencioso trabajo digital de las prosumers. Si esperamos demasiado, quizás, como en China, ya sea muy tarde para patalear. Vía Crisis

TRIBUNA HACKER

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